La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con personal del Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha desmantelado, en la denominada operación 'Rehala', un albergue ilegal de perros en el término municipal de Bullas (Murcia).
En las instalaciones, un terreno cercado de poco más de 1.000 metros cuadrados situado en una zona rural, se alojaban alrededor de 120 perros de diferentes edades y razas, en su mayoría correspondientes a las variedades que con frecuencia se emplean para el ejercicio de la caza como son galgos, podencos, pachones y bretones, entre otros.
Algunos de los animales se hallaban hacinados en pequeños recintos cerrados existentes en el interior del albergue, según han informado fuentes del Instituto Armando.
En el momento de la inspección de la benemérita, dos fosas excavadas sobre el terreno servían como depósito a los cadáveres de los animales que iban falleciendo, algo habitual teniendo en cuenta la delgadez que la mayor parte de ellos presentaba.
A la llegada de los agentes al lugar, los canes no tenían acceso a agua y el único alimento del que disponían eran patatas fritas.
Algunos de los cadáveres no habían sido aún arrojados a ninguna de las fosas y estaban siendo devorados por otros perros en el interior del albergue.
Las instalaciones, que carecían de las preceptivas licencia de actividad y declaración como núcleo zoológico, y que tampoco disponían de un servicio veterinario que supervisara su estado sanitario, eran muy precarias, hasta el punto de que algunos de los animales no contaban con un refugio donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas.
Los perros, que presentaban una apariencia esquelética y en algunos casos tenían heridas abiertas, carecían en su mayor parte de las correspondientes cartillas sanitarias caninas y no habían sido vacunados contra la rabia.
En el momento de la inspección, la Guardia Civil constató la muerte de al menos siete perros en las instalaciones.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia en el partido judicial de Caravaca de la Cruz, así como del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El vigente Código Penal sanciona con hasta un año de prisión e inhabilitación especial hasta tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, a aquellos que, por cualquier medio o procedimiento, maltraten injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su estado físico.
Fuente: Europa Press
